AN, abierto el pacto AD- Psuv- Voluntad Popular

La Tecla Fértil.

En Venezuela, los eventos negativos exaltan al país, durante estos años, lo cual, siempre termina en enardecidas manifestaciones callejeras, muchas veces motivadas por la oposición y, cuyo norte marca episodios de Netflix, acumulación de angustias y el estrés de la población que aún no se recupera de semejante aquelarre.

Siempre, habrá una actitud vacua y llena de patriotismo que, han comprometido al país en una mesa de negociaciones que, al poco tiempo queda inutilizada por la imposibilidad de llegar a acuerdos ciertos, pero, que se debe aceptar con gallardía. Pero, ¡hay que seguir!  La batalla de las ideas, debe ser el quehacer siempre, de quienes desean un mejor país, donde vivir.

La población, con problemas de empleo se ha expandido en 2018 y, llega a acumular casi el 65% de los trabajadores. Ojalá que los programas fuesen más efectivos, en su respectiva ejecución.

El tema de la frontera es candente para los gobiernos latinos, agudizado por el problema que representa la presencia en masa de miles de indocumentados, Sobre todo, en México, donde Trump decidió cerrar parcialmente el gobierno, debido al tema del muro.

Latinoamérica es un cumulo de sorpresas, haciéndose preciso un balance, donde el mapa de identificación ideológica de las administraciones, no viene sufriendo grandes cambios, a excepción en Centroamérica con Daniel Ortega.

En 2019, se celebrarán comicios electorales en el Salvador, Bolivia, Argentina, Panamá, Guatemala y Uruguay. Además de elecciones seccionales en Ecuador y regiones de México y Colombia. En tanto, en Europa, será tiempo del Parlamento Europeo y de las municipales españolas.

Venezuela, abre su nuevo ciclo político en la región, con el nombramiento de la nueva directiva de la Asamblea Nacional y el continuismo en el Poder Ejecutivo del presidente electo, Nicolás Maduro Moros.

Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil, fueron a las urnas electorales, este 2018 para elegir presidente, en la mayoría de estos países no se registraron grandes cambios, más allá de la sorpresiva victoria de Bolsonaro y, el novedoso triunfo de la izquierda mexicana con López Obrador.

En Venezuela, el 20 de mayo se celebraron las elecciones, a través de las cuales se concretó la reelección del presidente Nicolás Maduro Moros.

En el mediano plazo a la crisis latina se le caerá la costra y la herida que la corrupción y la impunidad han abierto en las familias y el país, dolerá nuevamente. En el largo plazo, la manera en que se organiza el Estado y las relaciones sociales y económicas que históricamente se han mantenido intactas y son la causa de todos nuestros males, pues seguirá intacta, y las condiciones objetivas para transformar el modo en que nos relacionamos y la manera en que funciona la maquinaria estatal para atender a la población organizada en su seno; seguirán vigentes y alimentando a nuevos movimientos sociales.

Ahora mismo Venezuela y Nicaragua parecen ser el ensayo de dos modelos contrapuestos. Un laboratorio. Una tercia. Por un lado, está la comunidad mundial probando si el instrumental jurídico internacional puede hacer que un país retorne al camino democrático, sin guerra, sin intervención militar y sin que haya una revolución violenta interna. Es que, si las normas de convivencia y regulación internacional no sirven para Nicaragua y Venezuela, países socialistas pobre, pequeño, grande y dependientes como soberanos, con un gobierno sin ley y aislado, ¿cómo van a servir para un país rico, con armamento nuclear, ejércitos grandes y aliados poderosos, que las desafíe? Por el otro lado está un régimen empeñado en demostrar a otros gobiernos, aliados y en crisis, que el sometimiento por la fuerza es todavía posible en estos tiempos. Que ante una crisis mucho más grande que otras que han botado dictaduras en otras partes del mundo, puede sostenerse a punta de garrote, cárcel y plomo, incluso cuando casi toda la comunidad internacional le da la espalda. Pero ambos pueblos se encuentran huérfanos de seguridad, porque los cuerpos de seguridad terrestres, no hacen absolutamente nada. Más bien, en las alcabalas le quitan alimentos.

En medio del sándwich estamos nosotros. Todos. Tanto los que queremos un país con libertades plenas para sus ciudadanos y con normas que valgan por igual para todos, como aquellos que niegan esas libertades, en defensa de los privilegios que les da servir a una dictadura.

Esa otra tercia, la interna, está determinada por una paradoja que espero en algún momento la historia analice con objetividad y justicia: una gran mayoría de la población que rechaza una salida violenta y otra parte que se ha inventado una guerra imaginaria para justificar sus desmanes. ¿Contra qué enemigo usará las armas de guerra que exhibe todos los días la policía? ¿Dónde está el arsenal que le quitaron a los que ellos llaman golpistas y que, según sus cuentas, son responsables de todas las muertes y daños? Tan imaginaria es esta guerra que en busca de un enemigo contra el cual pelear, han terminado criminalizando trivialidades como inflar chimbombas, dar opiniones e información, y hasta el uso de los símbolos patrios, algo que debe ser material de estudio en algún momento.

Aquí no hay una guerra armada por tomar el poder. Aquí lo que hay es el enfrentamiento, irreconciliable, de dos modelos de sociedad. Una donde un grupo entiende al poder como una patente de corso, un certificado de propiedad del país, y con ello su derecho a hacer con quienes se opongan lo que les venga en gana. Algo así como los derechos que da un secuestro. Otro sector, en cambio, piensa que el poder debe ser un ejercicio temporal de servicio a todos los ciudadanos, según las normas establecidas para ello.

Inflar globos no es delito. Portar una bandera patria no es delito. Marchar no es delito. Curar un herido no es delito. Protestar no es delito. Opinar no es delito. Hacer periodismo no es delito. Al contrario, son derechos y a veces obligaciones. Que eso incomode a quienes tienen el poder es otra cosa. Los defensores del régimen tienen que entender, ahora que andan recetando Chipote para todo, que el hecho de que algo les incomode o los contradiga no lo vuelve delito. Que convertir esos hechos en delitos con nombres rimbombantes como “terrorismos” o “golpismo” no es justicia, es abuso. Que castigar, expulsar o asediar a quienes ejercen esos derechos no los convierte a ellos en delincuentes. Al contrario, los delincuentes serían quienes niegan los derechos.

“Todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento de los principios democráticos del hemisferio”, se señala en la Carta Democrática Interamericana. De manera que las obligaciones establecidas en estos documentos internacionales suscritos por el Estado de Nicaragua y en alguna forma el de Venezuela, en épocas anteriores, tienen que ser cumplidas por el gobierno cualquiera que este sea.

Contrario a lo que sostiene el régimen de Ortega, esto no compete únicamente a los nicaragüenses. Los derechos humanos, la libertad y la democracia son valores universales consagrados en declaraciones y tratados internacionales, que todos los Estados Miembros de la ONU y la OEA están obligados a respetar.

No puedo, por lo tanto, terminar esta columna, sin mostrar mi solidaridad y admiración para aquellos colegas que están llevando el ejercicio del periodismo hasta sus últimas consecuencias.